Por instrucción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se enviarán mil agentes federales a Córdoba, para garantizar el orden institucional, debido a que efectivos provinciales promovieron auto acuartelamientos y fueron sancionados, dijo el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
Por instrucción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se enviarán mil agentes federales a la provincia de Córdoba, para garantizar el orden institucional en dicho estado, en respuesta a una solicitud en tal sentido del gobernador, José Manuel de la Sota.
En la conferencia de prensa, esta mañana en la Casa de Gobierno, el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dio cuenta que el tribunal de conducta policial de la provincia de Córdoba sancionó a cuatro efectivos, como una medida preventiva en virtud de que han promovido un proceso de auto acuartelamiento similar a lo registrado el 3 de diciembre próximo pasado, con los disturbios y saqueos acaecidos que han involucrado a miembros de la fuerza.
Explicó que por instrucción de la Presidenta, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, enviará mil agentes federales, para ejercer la seguridad preventiva “frente a eventuales acciones por parte de la Policía de la provincia de Córdoba”, dijo.
Capitanich afirmó que “el apoyo de las fuerzas federales es absolutamente contundente a los efectos de evitar cualquier tipo de acción que implique medidas de carácter extorsivo. Esto pone en evidencia que no se puede actuar bajo extorsión”, dijo y agregó “es absolutamente imprescindible hacer valer la autoridad legítimamente constituida en democracia y el orden institucional”.
Precisó que De la Sota “ha hecho un requerimiento formal para la actuación por parte de las fuerzas de seguridad federal; en consecuencia se establece un mecanismo de prevención, pero lo que tiene que quedar claro y en evidencia es que nadie que porte armas en resguardo de la seguridad ciudadana puede extorsionar a los gobiernos portando armas”, dijo el Jefe de Gabinete.
En este contexto –agregó- “también creo que es absolutamente indispensable observar el rol insustituible de fiscales y jueces, quienes deben actuar con absoluta fidelidad al deber de identificar a los responsables de este tipo de hechos y acciones vandálicas”.
En la Argentina, en las provincias argentinas, -agregó Capitanich- “nadie puede estar sometido a procesos extorsivos de carácter permanente. En consecuencia, el respaldo de la Presidenta es precisamente para garantizar el orden institucional en cada una de las jurisdicciones, a partir de la participación de las Fuerzas de Seguridad Provincial.”
