Borradores de los proyectos circulan por los despachos del jefe del Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario legal y técnico, Carlos Zannini. La intención política de la presidenta es darle operatividad al artículo 42 de la Constitución, que contempla la defensa de los derechos de usuarios y consumidores. Otros países ya lo aplican con éxito.
Se estipularía así el principio del "precio justo" y se intervendría en las cadenas de valor con una serie de medidas punitivas.
El objetivo será regular y controlar abusos de los monopolios, oligopolios y sectores concentrados, endurecer las multas y acelerar la resolución judicial de esas penas.
Otro ministro planteó reparos a esta iniciativa. "Esto es muy complicado porque entraría en colisión con el principio de propiedad privada y de libertad de comercio, y podría ser impugnado en la Justicia por inconstitucional", aseguró.
Esa nueva ley implicaría una reglamentación del artículo 42 de la Constitución. que "se analizan múltiples alternativas y se barajan los alcances judiciales y administrativos, el plexo normativo y la praxis de procedimiento". Fuentes gubernamentales admitieron que es "un tema complicado, pero seguramente se avanzará en ese sentido".
