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En caso de delito, la pena que fija el proyecto es reclusión o prisión de dos a seis años, multa del cincuenta al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua quien no pueda justificar el origen de un enriquecimiento apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, la cual podrá ser reprimida con igual pena que el autor del hecho.
Carrió ingresó el proyecto por la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados horas antes de la marcha de las centrales sindicales, como actualización de un proyecto que había impulsado años atrás tendiente a ampliar el listado de sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes.
