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Según el gobernante, cuya continuidad en el cargo está amenazada por una denuncia de delito de corrupción pasiva presentada por la Fiscalía, "los derechos de los trabajadores están asegurados en la Carta Constitucional" y con la nueva ley el cumplimiento de esas garantías "se perfecciona", reportó la agencia de noticias EFE.
La denuncia contra el mandatario está siendo tramitada desde ayer en una comisión de la Cámara de Diputados, paso previo a que el plenario de ese órgano legislativo decida si procede.
