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Fue sin necesidad siquiera de tomarle declaración indagatoria, aclaró que la instrucción de la causa penal “en nada afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado”. Fernández estaba acusado de haber vendido dos automóviles cuando Bonadio lo había procesado y le había dictado un embargo de 440 millones de pesos por el “Plan Qunita”.
El ex ministro efectivamente vendió esos dos vehículos, pero con el dinero compró otro de mayor valor que la suma de ambos, y lo registró a su nombre y dentro de su patrimonio. “No hubo actos tendientes a incumplir una obligación, ni se verificó la existencia de un fallo condenatorio firme que no fue obedecido, por lo tanto no puede considerarse que Fernández cometió el ilícito”, sentenció el juez.
