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En dicha audiencia desde la Defensoría también se había planteado que el cuadro tarifario no considera la situación socioeconómica de los usuarios y la evolución de salarios y de la economía en general.
A partir del 1 de abril comenzó a regir el nuevo cuadro tarifario de la distribuidora Litoral Gas que contempla el último tramo de 30% del aumento aprobado en RTI (revisión tarifaria integral), el aumento por variación de precios mayoristas (ajuste por inflación), la compensación por diferimiento del aumento aprobado por RTI, la actualización del valor del transporte y el aumento de valor boca de pozo por reducción de subsidios.
La Defensoría explicó que la tarifa vigente registra un aumento mayor para los hogares de menores consumos y que las alzas registradas en comparación a diciembre de 2017 son entre el 27% y el 45% dependiendo la categoría del usuario.
Sin embargo, si se toman como referencia los meses de mayo y junio del 2017 y se los compara con igual bimestre del presente año, el aumento es del orden del 100%, teniendo un impacto significativamente mayor en esta época del año donde los consumos aumentan considerablemente por las bajas temperaturas registradas.
Frente al aumento desde la Defensoría se señaló que en la mencionada audiencia pública también se solicitaron tarifas especiales para las subdistribuidoras provinciales de carácter público, y una definición del gas en garrafa como servicio esencial y que se valore aplicar en el tarifario el llamado amesetamiento en las facturas, es decir que bimestralmente se pague el promedio del gas consumido en el año para amortiguar el consumo de invierno, sin costos administrativos a los usuarios.
Por último y en referencia al valor de boca de pozo la postura de la institución fue contundente al advertir sobre el riesgo que presentaba para los usuarios el tener un precio dolarizado sobre el gas en boca de pozo.
