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La partida destinada a la ejecución de los gastos electorales será de casi 8.000 millones de pesos, un 33% más respecto de las elecciones legislativas de 2017. Sin embargo, en términos reales, implicará una fuerte caída, si se considera la inflación acumulada en dos años.
Además, ya no se trata, como en 2017, de dos elecciones (primarias y generales), sino de tres, si llegase a haber doble vuelta en la elección presidencial. Por lo tanto, las erogaciones que deberá afrontar la Dirección Nacional Electoral serán mayores que hace dos años.
Los gastos del Estado para una elección van desde los aportes a los partidos políticos para la impresión de boletas y aportes de campaña hasta la impresión de padrones, seguridad electoral (efectivos de policía y de las Fuerzas Armadas para custodiar los comicios), la compra del material electoral (urnas y sobres) y el pago a las autoridades de mesa.
Por otra parte, el Gobierno redujo el valor del módulo electoral de $9,43, que estableció en 2017, a $8,50, que dispuso en el presupuesto 2019. Este módulo es la unidad de medida monetaria para determinar los límites de gastos de las campañas proselitistas: de acuerdo con la ley 26.215, de financiamiento de los partidos políticos, ningún espacio podrá gastar más que la suma que resulte de multiplicar el número de empadronados en cada distrito por un módulo electoral.
De esta manera, al reducir el valor del módulo para 2019, el Gobierno estará obligando a los partidos políticos a ajustar sus gastos proselitistas para no superar el umbral que impone la ley, el cual será más bajo que en 2017.
“En este contexto de ajuste generalizado, el Gobierno pretende un año electoral con campañas más austeras”, dijo el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez.
