“Nos deben más de dos meses y medio de los contratos ya firmados. Muchos de ellos son de 2017 y no han tenido actualización, lo que nos impactó de lleno en nuestros costos”, confió el ejecutivo.
A los problemas financieros que acarrea, ahora se le suma el recorte de trabajo con la pérdida de licitaciones. La empresa se dedica a la vigilancia y limpieza de organismos públicos y privados, contando con algo más de 1.100 trabajadores en su plantilla permanente.
El costo de estas indemnizaciones oscilará en torno a los 120 millones de pesos y la deuda que mantiene el estado provincial supera los 400 millones de pesos, incluidos en esta cifra los mayores costos que tren aparejados los contratos.
Según se destaca desde la misma empresa, gran parte del personal que se despide debería ser tomado por la nueva firma que se hace cargo de las licitaciones.
“Estuvimos reunidos con el gremio y la idea es limitar al máximo el daño social en este escenario de crisis que vive la empresa”, agregó Barceló.
“El estado provincial no reconoció ni reconoce en la actualidad, servicios de seguridad pública brindados por nuestra empresa a su solicitud y demanda. Por esta razón, y ante la misma obligación legal y social en la que se encuentra nuestra empresa, se continuó prestando el servicio sin poder cobrarlo”, remarcó.
El problema del financiamiento en este tipo de pymes es dramático. Los bancos no consideran a las empresas unipersonales sujetos de crédito, razón por la cual este tipo de firmas no cuentan con acuerdos, préstamos ni cualquier otro tipo de asistencia bancaria para afrontar sus mayores costos.
Cabe destacar que, del precio de venta de los servicios que brinda la firma unipersonal Carlos Barceló, más del 80% está representado por los sueldos de sus empleados, que no se pueden financiar.
Por otra parte, según detallan desde la empresa “la financiación que brinda la AFIP, tiene tasas que son imposibles de trasladar en nuestra estructura de costos. La tasa que por un lado cobra el Estado con fines de recaudación, no son aceptadas por el mismo Estado con fines de reducción del gasto público”.
El subsecretario de Trabajo, Ernesto Seguel aseguró que tal como sucede en toda contratación que se vence y otra empresa gana la licitación de un servicio, el Estado garantiza la continuidad laboral de los trabajadores. “Lo que se garantiza cuando finaliza un contrato y otra firma gana la licitación, es la continuidad de los puestos laborales. La nueva empresa es la que absorbe a los trabajadores”, explicó Seguel.
