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Dicho fondo tenía como objetivo financiar en las provincias y municipios obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales.
En el presente contexto la aplicación del decreto 756/2018 y 836/2018 implica una pérdida significativa de recursos garantizados por ley y que forman parte del Pacto Fiscal 2017 y un mayor esfuerzo del Estado provincial para sostener el equilibrio financiero.
El Estado nacional eliminó unilateralmente la coparticipación de los recursos proveniente del Fondo Federal Solidario que ahora son exclusivamente dispuestos por y para el Gobierno Nacional.
La ley nacional que creó el fondo sojero establecía que las provincias debían realizar de manera automática la transferencia de dicho fondo a sus municipios y comunas, en una proporción no inferior al 30% del total recibido y con una distribución semejante a lo que les destina de la coparticipación federal de impuestos.
Este fondo se alimentaba de las retenciones a la exportación de soja y derivados que la Nación seguirá cobrando, pero que dejará de coparticipar a las provincias y municipios de todo el país.
