 |
Solanas explicó que pidió la ficha biométrica del comprador de esos muebles a Brasil y descubrió que su firma “es totalmente distinta a la que se muestra en la fotocopia del recibo presentada por Arribas en la causa judicial en la que fue sobreseído” por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.
“El recibo que presentó Arribas al juzgado tiene una certificación meramente simple es decir que el notario sólo certifica que la firma es parecida a la que consta en sus archivos, sin dar ninguna certeza de su autenticidad. Pero existen elementos que hacen que ese recibo esgrimido por Arribas sea poco creíble”, indicó Solanas.
Entre ellos mencionó que fue firmado por Atila Reys Silva en San Pablo en 17 de enero de 2017 y la certificación notarial simple fue efectuada en el Cartorio (escribanía) No. 6 de Belo Horizonte, distante 586 kilómetros de San Pablo.
“Tal circunstancia lleva a preguntarse muy seriamente los motivos por los cuales no se certifica la firma en San Pablo y se viaja 586 km para hacerlo. Por otra parte lo extraño de esa apariencia de compra venta de muebles, está dada porque si los mismos fueron comprados en el año 2013, cómo es posible que el recibo se haya extendido cuatro años después, y que lo hiciera el comprador de los muebles y no el vendedor como es usual”, advirtió el senador.
El cineasta remarcó además que en el SERASA, que es un registro similar al Veraz que opera en la Argentina, Atila Reys Silva “tiene documentos protestados por sumas insignificantes como 1.250 reales y 420 reales desde hace años atrás”, lo que “demuestra que su capacidad económica resulta muy limitada, lo que hace inconcebible que pueda disponer de 70.500 dólares estadounidenses para comprar unos muebles”.
“La firma del recibo de compra de los muebles, que acompañamos en este acto, difiere sustancialmente de la ficha biométrica de Atila Reys Silva que nos hiciera llegar la Secretaría de Seguranca Pública de Goias, que también acompañamos en este acto”, indica la presentación del senador de Proyecto Sur.
Actualmente, la causa contra Arribas está en poder de la Corte Suprema de Justicia, ya que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) apeló el sobreseimiento dictado por el juez Canocoba Corral, que en segunda instancia fue ratificado por la Cámara Federal de Casación Penal.
La causa contra Arribas se había iniciado por el testimonio del operador brasileño Leonardo Meirelles, quien dijo haberle girado 850.000 como parte de coimas de Odebrecht para conseguir la obra del soterramiento del tren Sarmiento. Ante la Justicia, el funcionario nacional negó las transferencias y sólo reconoció haber recibido en su cuenta bancaria de Suiza unos 70.495 dólares por la venta de bienes muebles.
