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A través de una serie de mensajes difundidos en Twitter, la ex mandataria señaló que el pasado jueves por la mañana “dos personas sin identificación alguna intentaron colocar tres cámaras y un domo” en la esquina de su casa de Buenos Aires, y que el personal de la Policía Federal que integra su custodia “advirtió esta situación y les consultó qué tipo de tareas estaban realizando”.
“Les dijeron que eran empleados de la empresa Donaide S.A e iban a colocar estas cámaras por disposición del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, no contaban con ninguna documentación que acreditara tales circunstancias”, señaló la líder de Unidad Ciudadana.
Y agregó que, luego de identificarse, los empleados “recibieron un llamado, se subieron a su camioneta (sin inscripción alguna de la empresa a la que decían pertenecer) y se fueron”.
“Raro, ¿no?”, se preguntó Cristina Kirchner. Fue por ello que este viernes, de acuerdo al relato de la ex mandataria, para denunciar estos hechos el jefe de la custodia se presentó en el Centro de Recepción de Denuncias de la Policía Federal, cuyo personal “tomó contacto con el juzgado de turno”.
“¿A que no adivinan quién estaba de turno? Bingo… Bonadio. ¿Y a que no adivinan qué hizo Bonadio? Bingo… NADA. La Secretaria del Juzgado, Carolina Lores Arnaiz, ordenó desestimar la denuncia y no iniciar ningún tipo de investigación por estos hechos”, cuestionó la legisladora opositora.
Y, acto seguido, se preguntó: “¿Quiénes eran estas personas? ¿Quién las mandó? ¿Hasta cuándo me van a seguir espiando? ¿Por qué Bonadio decidió no tomar la denuncia? ¿Está encubriendo a alguien? El Gobierno es responsable y tiene que terminar con el espionaje, la persecución y el hostigamiento a los opositores”.
Desde su salida de la Presidencia, Cristina Kirchner denunció en varias oportunidades presuntas maniobras de espionaje ilegal sobre su persona: incluso, el pasado 16 agosto el titular del Instituto Patria, Oscar Parrilli, había presentado una denuncia penal contra las máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por supuestas actividades de este tipo en las inmediaciones de la sede de la entidad y dirigidas a la senadora.
En la presentación se los acusó por la presunta comisión de los delitos de “espionaje ilegal e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, ya que la ley que rige el funcionamiento de la AFI prohíbe expresamente “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas” por su “opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias”.
El Instituto Patria ofreció las pruebas del presunto espionaje que se realizaba frente al edificio ubicado en Rodríguez Peña 80, compuesta por las filmaciones de las cámaras de seguridad y diversos testimonios, al tiempo que pidió que se cite a declaración indagatoria a los ocupantes de vehículos identificados, que reconocieron ser agentes de la AFI.
