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Es que, pese a que los diferentes departamentos jurídicos pertenecientes a los ministerios cuentan con un nutrido plantel que llega a unos 5000 profesionales en total, el Estado Nacional contrató a más de 100 estudios o abogados que trabajan para su defensa de manera externa.
Esto surgió en abril pasado, cuando Margarita Stolbizer y Silvina Martínez, a cargo de la organización civil "Bajo la lupa", detectaron 104 contratos hechos con abogados externos a la amplia plantilla estatal de juristas.
El Cuerpo de Abogados del Estado fue creado formalmente mediante una ley para asumir el asesoramiento jurídico y la defensa frente a los diferentes tribunales del Poder Ejecutivo y los organismos públicos. La Dirección General depende de la Procuración del Tesoro de la Nación -ejercida por Bernardo Saravia Frías- y está integrado por los servicios jurídicos permanentes en cada ministerio, secretaría de Estado y demás reparticiones oficiales.
El Cuerpo de Abogados estatales se pensó como una carrera especial en la administración pública con su propio escalafón, un sistema de ingreso muy estricto a través de concursos especiales, la posibilidad de traslado de abogados entre reparticiones y un sistema de incompatibilidades. Dicho de otro modo: el plantel de juristas oficiales es todo lo profesional que se puede pedir para afrontar desafíos exigentes.
Es por esto mismo que la ley dice que ninguna repartición nacional podrá nombrar asesor letrado ni otra clase de funcionario que cumpla de manera puntual y específica una función para la que sea necesario el título de abogado sin oír previamente a la Dirección del Cuerpo de Abogados del Estado.
Pese a eso, y a modo de curiosa excepción, el decreto 202 de 1997 permite contratar abogados externos. Así funciona el sistema: En abril de 2018, la abogada Silvina Martínez reclamó datos a la Procuración respecto de las contrataciones externas en el organismo, desde donde se notificó la resolución 106 de noviembre de 2017, mediante la cual todo organismo que quiera contratar los servicios de un abogado privado primero debe remitir a la Procuración el expediente electrónico, con un informe justificando la contratación, el procedimiento empleado para seleccionar al candidato, sus antecedentes profesionales, la documentación que acredite el cumplimiento de la normativa vigente -en especial la relativa a conflictos de intereses- y el proyecto de contrato a suscribirse ,con expresa indicación del monto involucrado.
Stolbizer y Martínez relevaron todas las contrataciones, pero no consiguieron los datos que la normativa supuestamente impone. Ellas no consiguieron hacerse con la información completa sobre los montos de los contratos, el cumplimiento del objetivo por el que los abogados externos fueron convocados, ni la existencia de posibles conflictos de interés.
Un informe previo de los organismos que dieron información para el estudio expone que el Banco Nación es el que más abogados y estudios externos contrató. Fueron 25 contrataciones en total.
Entre esos contratos, hay muchos en el exterior (Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, China y España), pero también especialistas locales Diego Pirota y Gabriel Presa, abogados en derecho Penal Económico y Tributario. Pirota fue abogado de Amado Boudou y tenía vínculos con la ex SIDE a través del ex directivo de los espías Darío Richarte.
El ministerio de Hacienda contrató cinco estudios en el exterior. La Comisión Nacional de Valores por su lado contrató cuatro bufetes, y el Banco Central, tres. La Superintendencia de Riesgos el Trabajo, en cambio, contrató a 46 abogados con contratos de "locación de servicios".
La AFIP contrató al abogado Ricardo Gil Lavedra, que lleva adelante la querella contra Cristóbal López en el caso Oil Combustibles. También a los doctores Juan José Avila y Tomás Farini Duggan.
El Ente Regulador del Gas contrató a cuatro estudios -dos en Capital, uno en Salta y otro en Tucumán-, la Agencia de Administración de Bienes del Estado a tres, el ministerio de Educación y la Administración de Parques Nacionales contrataron a dos, el Registro Nacional de las Personas, la Dirección Nacional de Vialidad, el Conicet y el Instituto de Vivienda del Ejército a uno cada uno. También la Dirección de Fabricaciones Militares, para representarla en un juicio puntual en Ohio, Estados Unidos.
La justificación y los montos de todas las contrataciones no fueron informados en todos los casos por los organismos. Para la abogada Silvina Martínez, "la Administración Pública cuenta con personal que realiza o podría realizar las mismas tareas. Y que, por tanto, esa contratación implica un sobrecosto para el estado que no ha sido suficientemente justificado."
