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El Gobierno negocia un bono para estatales


La crisis económica, el efecto de la devaluación y el descontento social volvieron a poner la lupa sobre la llegada del fin de año y de las fiestas. Para intentar paliar los conflictos sociales, el Gobierno activó una nueva agenda de contención que tiene tres ejes centrales: la CGT y los gremios no kirchneristas, los jubilados y los sectores vulnerables, y apuntalar –levemente– el consumo hacia el primer trimestre de 2019.

El oficialismo trabaja en los frentes buscando descomprimir la situación y generar una nueva expectativa antes de que comience la nueva carrera electoral. Entre mañana y el martes se anunciará formalmente el desembolso de una suma cercana a los $ 800 millones extra para otorgar un bono de fin de año a los más de 200.000 empleados de la administración pública nacional.

Se trata del reflejo estatal del decreto que saldrá esta semana, que fue acordado hace un par de días con la CGT y los empresarios, para otorgar un bono de hasta $ 5.000 para los trabajadores del sector privado.

Ahora, la firma del acuerdo con estatales, que estará en manos de Andrés “Centauro” Rodríguez (UPCN) con el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra (quien debutó el martes en la reunión de gabinete con su nuevo cargo), junto a Dante Sica (Producción y Trabajo), supondrá también un nuevo gesto a la CGT para intentar evitar una medida de fuerza de las principales centrales obreras no kirchneristas.
El monto final se terminará de pulir en las próximas horas, en un rango que va de $ 4.000 a $ 6.000. Será también en dos tramos, al igual que el decreto para los privados. Ahora le tocará mover a las provincias. Muchas de ellas, como Santa Cruz, no están en condiciones de dar bonos extraordinarios. En Buenos Aires habrá reuniones al respecto, al igual que en la Ciudad.

De todas formas, no hay una calma total en lo que se refiere a los sindicatos: Sica ordenó, por ahora, seguir adelante con las más de 70 auditorías que están en manos de Jorge Triaca, el hasta ahora secretario de Trabajo, ya en “transición” hasta que el ministro termine de elegir su reemplazo.

En este contexto, la familia Moyano anunció medidas de fuerza junto con sus flamantes aliados de la CTA, partida en tres, los bancarios y los docentes. En Casa Rosada admiten que no hay negociaciones con estos sectores y los vinculan al kirchnerismo.

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