La compensación debe aprobarse por ley, por lo que el Ejecutivo enviará un proyecto al Congreso. Desde la Casa Rosada y el Ministerio de Defensa se mostraron confiados en que el beneficio pueda ser otorgado con relativa velocidad. La mayor parte de los familiares ya se presentaron ante la jueza de la causa, Marta Yáñez, para pedir seguir percibiendo los sueldos de sus familiares bajo “presunción de fallecimiento”.
Una vez que la jueza decrete de manera oficial el fallecimiento de los tripulantes, la Armada solicitará que sus familiares comiencen a cobrar la pensión que les corresponde, que oscila entre el 70 y el 85% del sueldo de cada tripulante, una cifra que varía según el grado y la antigüedad de cada uno de los beneficiarios. La ley especial que propone el gobierno abarcaría el porcentaje que quedaría fuera de la asignación.
