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El pedido del fiscal Pollicita fue hecho ante el juez federal Sebastián Ramos incluye también al ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido y a la ex titular del INCAA, Liliana Mazure.
El requerimiento de elevación a juicio comprende a Carlos Ruta, Luis Vitullo, Carlos Schwerdtteger, Alberto García, Nahuel Billoni, Nadia Jacky y Hugo Nelson. Del Boca está procesada junto al ex ministro de Planificación Julio de Vido y otros ocho imputados en la causa por presunto delito de defraudación al Estado.
La actriz está acusada de ser “partícipe necesaria” del delito, al igual que al entonces rector de la Universidad de San Martín (UNSAM) Carlos Ruta, embargados por 50 y 60 millones de pesos, respectivamente.
El eje central de la acusación contra Del Boca es el manejo de fondos provenientes del ex Ministerio de Planificación Federal para financiar la novela “Mamá Corazón” por unos 36 millones de pesos, aunque la tira nunca se emitió.
“El referido convenio tuvo como propósito posibilitar la selección discrecional de la telenovela Mamá Corazón, propuesta por la productora a+A Group SRL, para que fuera financiada íntegramente con fondos públicos y generara ganancias a la referida empresa, cuya socia gerente -Andrea del Boca- era una persona cercana al gobierno de ese entonces”, según consta en la causa.
Tal cual surge del expediente, en julio de 2015 la productora de Del Boca firmó el convenio por el cual percibió la suma de 25.652.160 pesos (un 76 por ciento del costo de producción final consignado en el contrato) provenientes del presupuesto de la cartera de Planificación y destinados al financiamiento de la producción de la telenovela.
Pero, además de obtener el financiamiento íntegro de su obra con fondos públicos, un diez por ciento del total (es decir más de 3 millones de pesos) percibiría la productora de Del Boca en concepto de ganancias por la producción realizada y era la única que conservaría los derechos de comercialización en el exterior.
En la causa se investigan presuntas maniobras defraudatorias para implementar un circuito que involucró la actuación de funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, de la Universidad Nacional de San Martín y del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
