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De esta manera quedó definitivamente cerrado el caso contra Gustavo Arribas y firme el sobreseimiento dictado en marzo de 2017 por el juez Rodolfo Canicoba Corral. El caso también fue analizado por el juez Claudio Bonadio quien en abril de 2018 confirmó que Arribas no recibió dinero ilegal, a la vez que ordenó la captura del cuevero brasileño Leonardo Meirelles.
El cambista Meirelles fue quien denunció las trasferencias que habría cobrado Arribas por 850 mil dólares cuando declaró por la causa de los supuestos sobornos de la empresa Odebrecht.
Contra el sobreseimiento que dispuso Canicoba Corral, el fiscal de primera instancia dedujo recurso de apelación, que fue desistido por el fiscal de cámara.
La Sala I de la Cámara Federal. Contra esa decisión, el fiscal a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó un recurso de casación.
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal lo declaró inadmisible porque, como el imputado no era funcionario público al momento del hecho, esa parte no tenía legitimación procesal para intervenir. Contra esa resolución, el representante de la PIA presentó un recurso extraordinario federal, cuya denegación originó la queja.
La Corte Suprema, con la firma de Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, desestimó la queja en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
