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En el proyecto, el rionegrino le solicito al Gobierno que arbitre las medidas necesarias para que la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) “en el marco de sus competencias y en el ejercicio del control de legalidad tomen las medidas administrativas y judiciales pertinentes a los efectos de asegurar que la Asamblea Nacional de Venezuela tome efectivo control en el órgano de administración de la empresas Petrolera del Conosur S.A. (PSUR) y su controlante, PDVSA Argentina S.A. (filial de la empresa estatal Petróleo de Venezuela S.A.)”.
Pichetto aseguró en el escrito que así lo debe hacer el Poder Ejecutivo argentino en el marco del reconocimiento de nuestro país a la Asamblea Nacional de Venezuela como “único órgano democráticamente electo”, y desconociendo el mandato iniciado el 10 de enero de 2019 por Nicolás Maduro. En los fundamentos del proyecto, sostiene que “la dictadura de Nicolás Maduro implica la ruptura del orden constitucional y el Estado de Derecho en Venezuela”.
