El fiscal Ramiro González dictaminó que tanto él como el magistrado "son competentes para instruir" en las causas sobre "aportes truchos, lavado de dinero y falsedades documentales". Sin embargo, recomendó desarrollarlas por separado para evitar confusiones, ya que algunos nombres y prácticas se repiten en ambas.
González determinó que las maniobras bajo sospecha "consistirían en el pago a diferentes proveedores de millonarias sumas dinerarias 'en negro' durante la campaña electoral, así como el desvío de recursos pertenecientes a la Ciudad de Buenos Aires -desde el Ente de Turismo, a cargo de Fernando De Andreis- con el objeto de afectarlos a gastos relativos con las elecciones presidenciales".
