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La presentación apuntaba a Macri y Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, y se basaba en supuestas irregularidades e inconsistencias en las declaraciones juradas del Presidente sobre su patrimonio.
Fue el fiscal Carlos Rívolo quien, a la hora de evaluar si había elementos de sospecha o no, decidió desestimarla por no reunir los requisitos básicos para una investigación penal. En ese sentido, el fiscal Rívolo evaluó que no se puede iniciar una investigación "sin un objeto procesal cierto y determinado, con la única finalidad de recolectar información indiscriminadamente y sin un norte determinado".
"Esto es lo que se conoce vulgarmente en el ámbito jurídico como una excursión de pesca, en la cual, en lugar de recolectar pruebas para intentar dilucidar si se ha cometido o no un hecho ilícito determinado, se va en busca de determinada información, para establecer si de aquella pudiera desprenderse alguna conducta merecedora de reproche penal", agregó.
El juez Martínez de Giorgi coincidió con la opinión fiscal y desestimó la denuncia puesto que la misma se hizo "sin indicarse un acontecimiento delictivo en particular al respecto" y, en consecuencia, se trata de "una excursión de pesca".
La denuncia apuntaba a los delitos de fraude, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, contra Macri, pero también como supuestos encubridores contra la titular de la Oficina Anticorrupción y lo hacía extensivo por este último hecho contra el titular de la AFIP, Leandro Cuccioli.
