Está compuesto por títulos públicos, acciones de sociedades anónimas, plazos fijos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros, cédulas hipotecarias, préstamos a provincias y a beneficiarios del SIPA, entre otros.
De acuerdo con Arias y con Ruete, el Ejecutivo podría liquidar parte de estos activos para poder así cumplir con la ley de Reparación Histórica.
Según explicaron los especialistas en una nota de opinión publicada en Página 12, está herramienta fue utilizada en varias ocasiones con otros fines, como el financiamiento de obras públicas.
Por esta razón, consideraron que el próximo Gobierno debería fortalecer la función de estabilización económica del fondo, dotándolo de activos provenientes de los recursos extraordinarios que obtiene el Estado por la explotación de recursos no renovables.
Además, señalaron que tendría que mejorar su estructura institucional y que su administración no debería estar en manos de la ANSeS, sino de un ente especializado que lo controle, como podría ser un banco de inversión público. Arias fue director de Estudios de la Seguridad Social de la agencia de previsión socia, mientras que Ruete se desempeñó como secretario general del mismo organismo.