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También expresaron que el recorte de más de 2.500 millones de pesos que sufrirá el Estado santafesino, producto de los beneficios fiscales otorgados por el gobierno nacional esta semana, profundizaría la ya de por sí compleja situación del sector.
Los representantes de estas delegaciones, con los ministros de Economía provincial, Gonzalo Saglione, e Infraestructura y Transporte, José Garibay; y de Obras Públicas, Pedro Morini, y los secretarios de Hábitat, Diego Leone, analizaron los números de las obras públicas.
Un aspecto que apareció en la mesa de análisis es el recorte de recursos de Nación a las provincias por distintas vías –subsidios al transporte, fondo sojero– y el no pago, como es el caso de Santa Fe de los 5.800 millones de pesos del convenio bilateral para Caja de Jubilaciones, que debería haber girado en el primer trimestre del año.
En la reunión se indicó que esto provoca una creciente deuda flotante que impacta en la actividad, y que se agravó esta semana aún más con la fuerte devaluación del peso. Es por esto que el Estado provincial y los representantes del sector de la construcción consensuaron reducir el ritmo de los trabajos, pero aseguraron que eso provoca, de todos modos, “un menor flujo no solo de recursos sino también un incremento de gastos indirectos como las pólizas de seguros, jefe de obras, entre otros; y de eso se tienen que hacer cargo las empresas”.
Esa realentización también tiene un impacto directo también sobre la mano de obra. En la actualidad, en el gremio de la construcción (Uocra) trabajan alrededor 40.000 personas de las cuales 10 mil están vinculados a la obra pública. En consecuencia de estas medidas se podrían provocar en el corto plazo un recorte de 2.000 puestos de trabajo. Las empresas aclararon que resisten llevar adelante ese recorte “por la inversión en capacitación que realizaron en su personal en los últimos años”.
