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La medida se tomó luego de agotar los procesos administrativos de instrucción de sumarios internos. Hay ocho sospechados que continúan bajo investigación judicial penal por los hechos.
Tras la denuncia de las autoridades de la EPE, la fiscal de Investigación y Juicio, Valeria Haurigot, ordenó una serie de allanamientos y medidas. La fiscal llevó a audiencia imputativa a ocho personas sospechadas en nueve hechos de estafa.
La funcionaria describió que quienes realizaban los trabajos “requerían además de la connivencia de empleados activos de la empresa para que cortaran la luz de la zona en la que intervenían”. La asociación ilícita cobraba por cada trabajo entre 5 mil y 27 mil pesos.
