La inexistente política salarial del gobierno peronista de la provincia de Santa Fe tuvo un duro reclamo ayer, cuando la totalidad de los trabajadores públicos cesaron en su labor para hacer sentir su reclamo de recomposición de haberes, ya que desde diciembre del año anterior perciben el mismo sueldo. El Estado santafesino otorgará de prepo tres mil pesos en negro, no remunerativos ni bonificables la semana próxima.
El INDEC difundió ayer los datos de inflación del mes de julio, que alcanzaron el 1,9%, y si bien los números del IPEC, su repartición homónima local no están disponibles todavía, centésima más o centésima menos, serán similares. Esto arrojará que cada trabajador público del estado provincial o municipal del territorio de la provincia habrá resignado hasta el momento un casi 16% del poder adquisitivo de su salario en 2020.A nadie escapa que la pandemia golpeó fuerte a los gobiernos, que destruyó el fluido permanente de fondos que se perciben desde todos los organismos públicos, pero tampoco debe escapar del análisis que la gran mayoría de los trabajadores públicos fueron los primeros que pusieron el cuerpo en la pandemia y son quines están en la primera línea de fuego ante el Covid-19. A ellos se les negó incluso hasta suplementos otorgados por el Poder Ejecutivo Nacional, la recompensa a tanto esfuerzo fue nula, 0, nada.
El gobierno de Perotti se apresuró a decir en febrero que la clausula gatillo era un mecanismo inflacionario, que presentaría una metodología mejor, superadora, pero cuando supuestamente estaba a punto de hacerlo se desató la pandemia, se suspendieron la paritarias para atender la emergencia y todo quedó en la nada misma. Llegamos al octavo mes del año, pasaron ocho largos meses y los trabajadores públicos no recibieron incremento salarial.
Es verdad, podrá decirse que tienen "la suerte" de tener trabajo, que todo el mercado laboral se deterioró, y eso no es mentira, pero es así, también los funcionario tienen la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones, la ley de paritaria está vigente en la provincia, hay inflación en el país, el poder adquisitivo se deteriora y hay que encontrar un método de actualización salarial que no sea otorgar migajas en negro, que no aportan a la Caja de Jubilaciones, que dicho sea de paso el Gobierno Nacional decidió fortalecer con aporte extraordinarios mediante convenio.
El Gobierno de la provincia y los municipios y comunas no pueden seguir haciéndose los desentendidos. Deben otorgar un incremento salarial de emergencia, aunque estuviera por debajo incluso de los índices inflacionarios. Los gremios no se mostraron intransigentes, sabrán comprender el momento y si deben resignar una parte seguramente lo harán, siempre, en cualquier índole, el peor acuerdo es el que no se hace. El conflicto con los trabajadores podría agravarse y el Estado necesita brindar respuestas a la gente que la está pasando mal, será cuestión de afilar el lápiz, incluso recurrir a endeudamiento autorizado ya legislativamente, algo que sucedió en el final del gobierno anterior.