El día después de la oficialización del bono, en sintonía con el resto de los empleados estatales provinciales, y mientras se mantenía la protesta en la puerta de la Jefatura de la Unidad Regional II, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, anticipó una investigación penal ante la posibilidad de que no se permita la salida de patrulleros a desarrollar la tarea.
“A mi no me van a apretar estos cachivaches”, expresó el funcionario sobre el acampe que se montó en Ovidio Lagos al 5200 integrado sobre todo por policías retirados y encabezados por abogados que solicitan para los agentes un salario base de 85 mil pesos.
“Nos llegaron peticiones de dos grupos. Por un lado el de los mal llamados sindicatos Apropol y Utrapol que piden un piso de 66 mil pesos. Otra facción capitaneada por la abogada de gatilleros (Evelyn) Andreozzi y un abogado de Los Monos, ahí no hay personal activo”, mencionó el ministro.
Sain hizo público este miércoles lo que al parecer su cartera ya tenía en cartera luego del acuerdo con los delegados de ATE y UPCN para los empleados de la administración central. Se trata de sumas no remunerativas y escalonadas, que en promedio es de 3 mil pesos, además de la suba de horas adicionales y una tarjeta para la compra de alimentos, entre otros aspectos.
“Los agentes de policía tienen que entender que hay otros empleados estatales en la provincia y la política que se tomó es la de cerrar los mismos acuerdos que se sellaron con ATE y UPCN”, argumentó.
