En un escrito presentado ante el magistrado a través de sus abogados Juan Martín Villanueva y Elisabeth Gasaro, Báez advirtió sobre la existencia de “un plan sistemático de persecución política y judicial que involucra a miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal y de la Agencia Federal de Inteligencia, muchos de los cuales aún no han sido convocados por la Justicia”.
Los letrados explicaron que Báez fue “víctima de un grupo de agentes orgánicos e inorgánicos” quienes se dedicaron a realizar tareas de inteligencia y espionaje ilegal consistentes en llevar a cabo vigilancias, obtener información, producir inteligencia, y generar informes sobre distintas personas por el solo hecho de su pertenencia político-partidaria, social, sindical y/o cultural.
“Todo ello comandado por funcionarios del Poder Ejecutivo de la Nación y la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia”, liderada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
En la presentación ante el juez Augé, los abogados denunciaron el espionaje ilegal previo a la detención de Lázaro Báez ocurrida en 2016. Se apoyaron en un artículo periodístico de Página 12 sobre la actuación del policía Juan José Reiriz que revistaba en la Superintendencia de Investigaciones Federales bajo el ala del jefe Claudio Tapia y un supuesto pedido del juez Sebastián Casanello a la ministra de seguridad Patricia Bullrich “para que designe una fuerza de seguridad idónea para que de manera encubierta proceda a la localización y seguimiento de Lázaro Báez y de sus hijos en Santa Cruz”, según la nota.
