El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi aceptó ser quien investigue el supuesto espionaje ilegal durante el macrismo y donde fueron procesados el ex titular de la AFI Gustavo Arribas y su segunda Silvia Majdalani por tareas de inteligencia sobre la Vicepresidenta Cristina Fernández. El juez aceptó ser quien investigue el caso al aceptar la inhibitoria de su colega María Eugenia Capuchetti, quien se apartó porque figuraba como una víctima de espionaje.
"Llegado el momento de resolver la cuestión traída a estudio, se considera que resultan atendibles los argumentos esgrimidos por Capuchetti en el resolutorio que antecede. En tal sentido, efectivamente, la nombrada se halla entre aquellas personas cuyos datos personales habrían sido consultados a través de la Dirección Nacional de Migraciones, por la Agencia Federal de Inteligencia", sostuvo en su fallo el magistrado.
La causa inicialmente surgió en los tribunales federales de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Villena, quien fuera apartado por la Cámara Federal de Mar del Plata y le quedó a su colega de esa jurisdicción, Juan Pablo Augé. Pero luego, por orden de la Cámara Federal de Casación Penal, el caso pasó a Comodoro Py y le quedó a Capuchetti, pero ésta se apartó por ser una supuesta víctima de las maniobras de espionaje, y ahora quedó finalmente en Martínez de Giorgi.
"En definitiva, motiva su inhibitoria en que el ejercicio normal e imparcial de la función jurisdiccional podría verse afectado, por su condición de damnificada", justificó el juez. Las causas por espionaje son dos: una la tiene como única víctima a CFK por espionaje ilegal en su domicilio particular y en el Instituto Patria, hechos por el cual están procesados Arribas y Majdalani. El otro de los casos es por espionaje a varios dirigentes del kirchnerismo, del macrismo como Horacio Rodríguez Larreta, y sindicalistas, entre otros.
