El Gobierno nacional confía en concretar durante los próximos días el primero de los objetivos que se fijó el ministro de Justicia, Martín Soria, para el inicio de su gestión: destrabar definitivamente el proyecto de reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal que el año pasado logró la aprobación del Senado, pero no pasó luego el filtro de Diputados.
El tema volvió al tope de la agenda parlamentaria el viernes con el desarrollo de un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados durante el cual cuatro expertos convocados por el oficialismo expusieron sobre distintos aspectos de la reforma, ante la decisión de Juntos por el Cambio de retirarse de la reunión por no compartir su metodología.
Desde la oposición afirmaron que la reunión informativa de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales fue una puesta en escena para empujar la reforma trabada, mientras que desde el oficialismo aseguraron que todos los integrantes fueron invitados a proponer expositores pero que Juntos por el Cambio optó por boicotear la iniciativa.
El enojo de la oposición, aseguran desde el Frente de Todos (FdT), tiene que ver en realidad con que el oficialismo habría logrado el consenso necesario para lograr la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados y que, dadas las modificaciones implementadas al proyecto original, vuelva al Senado para su sanción.
Los relojes entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo volvieron a sincronizarse esta semana a partir de una serie de contactos entre el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el ministro Soria en los cuales el jefe de Diputados le habría confirmado que el oficialismo logró juntar los votos para conseguir la reforma, según pudo reconstruir Télam.
La foto que protagonizaron el jueves el ministro de Justicia y el diputado nacional José Luis Ramón, del interbloque Unidad Federal Para el Desarrollo, evidenció el avance del oficialismo en la conquista de los votos: con esa eventual adhesión no lograría el número mágico (los 129 votos que requiere el quorum), pero desde el FdT aseguran que "los votos están".
El plan del oficialismo incluye emitir el dictamen de comisión el próximo martes y tratarlo la semana siguiente en el recinto de la Cámara baja, según informaron a esta agencia fuentes del oficialismo que se manifestaron confiadas en poder lograrlo.
El operativo de búsqueda de consensos tuvo dos ejes: Soria se encargó del diálogo con distintos actores del Ministerio Público Fiscal de los cuales recogió críticas al proyecto aprobado por Senadores para proponer modificaciones y Massa monitoreó la búsqueda de votos y le imprimió los tiempos al tratamiento legislativo.
En esa búsqueda de consenso, el ministro de Justicia, escoltado por el viceministro Juan Martín Mena, se reunió en sus primeros días de gestión con el titular de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) Carlos Rívolo; con las autoridades de la Asociación de Magistrados y con un grupo de 14 fiscalas que le aportaron al debate la perspectiva de género.
El oficialismo confía ahora en poder lograr la reforma del MPF y poder seguir luego con la designación de un procurador definitivo que permita avanzar con la implementación del sistema judicial acusatorio, en el que los fiscales asumen mayor protagonismo en las investigaciones y los jueces pasan a ocupar el rol de garantes del proceso.
El proyecto del oficialismo contempla la elección del jefe de los fiscales por mayoría absoluta del Senado, en vez de los dos tercios de los presentes, y pone un plazo de cinco años -reelegible por única vez- a la vigencia del mandato del Procurador General de la Nación.
Esa modificación a la ley vigente sería la llave para designar al nuevo jefe de la Procuración General de la Nación, cargo que ocupa el procurador interino Eduardo Casal desde hace más de tres años, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó, quien fue designada por acuerdo del Senado.
Si bien no todos los fiscales con los que se reunió Soria estuvieron de acuerdo en modificar las mayorías necesarias para la elección del Procurador, hubo coincidencia en que ese no es un debate técnico sino una decisión que corresponde a la política.
Sí hubo manifestaciones de preocupación de algunos fiscales por las propuestas de modificación del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal y su dinámica de funcionamiento: en la actualidad sesiona cuando se reúnen sus 7 miembros y se necesitan dos tercios de los votos (5 miembros) para remover un fiscal.
El proyecto de reforma habilita a que el Tribunal sesione con un quorum de 4 miembros, pero fuentes del oficialismo aseguraron a Télam que en el dictamen de Diputados quedará explicitado que para el dictado de sentencias condenatorias o absolutorias seguirá siendo necesarias las mismas mayorías que en la actualidad, es decir 4 votos para toma general de decisiones y 5 votos para remover a un fiscal.
Sobre la composición de ese tribunal, el oficialismo aceptó modificar el proyecto original y agregar un integrante del Ministerio Público Fiscal en reemplazo de un abogado, tal como habían reclamado la mayoría de los fiscales con los que se reunió Soria, algo que aún deberá plasmarse en el dictamen de comisión que vaya a ser enviado al recinto de Diputados.
De esa forma, el Tribunal de Enjuiciamiento quedaría compuesto por un representante del Poder Ejecutivo, dos representantes de la Comisión Bicameral parlamentaria (1 por la mayoría y 1 por la minoría), un representante del consejo interuniversitario nacional, un abogado y dos fiscales (un varón y una mujer).
