Durante la sesión de ayer en la legislatura santafesina, el cuerpo legislativo rechazó el veto total del gobernador a la ley de incompatibilidades de funcionarios públicos. Desde hoy, esta norma prohíbe que un funcionario público de un poder pida licencia para ir a otro poder y luego pueda regresar a su cargo.
El ejemplo más contundente es lo que pasó con Marcelo Sain quién tenía un cargo en el poder judicial, pidió licencia, fue ministro del poder ejecutivo y luego regresó a su cargo en la Justicia como director del organismo de Investigaciones del MPA.
Joaquín Blanco, diputado provincial del partido socialista de Santa Fe sostuvo que “esta ley no fue contra nadie en particular sino en pos de la transparencia institucional e independencia de la Justicia. Están pendientes el concurso para el jefe del MPA de Rosario y de Venado Tuerto.
Por ejemplo, Jorge Lagna estaba participando del concurso para ser el fiscal regional de Venado Tuerto. Esto evita que se esté de los dos lados del mostrador”.
No corrió la misma suerte la ley de control de gastos reservados. En este caso, un acuerdo del PJ y el PRO permitió que se imponga el veto del gobernador Perotti.
Consultado sobre los ex funcionarios del Frente Progresista que luego pasaron a la Justicia, el diputado provincial del partido socialista explicó que “nunca ocurrió un caso como Sain. Tanto los ex funcionarios del Frente Progresista como la vicegobernadora Rodenas se fueron de un poder para ir a otro y nunca regresaron al poder anterior. Lo de Sain es insólito”.
Finalmente, Joaquín Blanco insistió con que el fiscal Baclini tiene elementos para avanzar sobre el caso Sain. Es más, remarcó que cuando esta ley fue sancionada en la Legislatura, Sain todavía era ministro.
