La Oficina Anticorrupción (OA), emitió un dictamen que pone en riesgo la fusión de las empresas Cablevisión y Telecom, y envió las actuaciones a la Justicia para que determine si, además, se cometieron delitos de acción pública.
La OA inició una investigación por "posibles irregularidades en la aprobación de la fusión de las empresas a raíz de los vínculos de varios integrantes de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia" con dichas empresas vinculadas con las firmas fusionadas.
La investigación reveló que varios ex funcionarios cumplieron una suerte de doble rol y mientras integraban la Comisión prestaban también servicios a empresas vinculadas con la operación de fusión.
Así, "infringieron el deber de abstención por haber suscripto los documentos" que facilitaron la operación, especialmente vinculados con la firma GPR Economía S.A., entre cuyos clientes figuraban precisamente el grupo Clarín, Cablevisión, y Telecom.
La resolución de la OA incluyó una notificación a la Secretaría de Comercio "a los efectos previstos en los artículo 3° y 17 de la Ley 25.188".
El artículo tercero delimita el campo de acción de los funcionarios, en tanto que el 17 establece que cuando un agente estatal viola la normativa de la Ley de Ética Pública sus actos y decisiones "serán nulos de nulidad absoluta".
"Si se tratare del dictado de un acto administrativo, éste se encontrará viciado de nulidad absoluta. (…) Las firmas contratantes o concesionarias serán solidariamente responsables por la reparación de los daños y perjuicios que por esos actos le ocasionen al Estado", establece la norma.
La OA, cuya titularidad ejerce Félix Crous, destacó en el dictamen conocido este miércoles que "uno de los accionistas minoritarios eventualmente perjudicados es la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) como administradora del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)".
Además, recordó que "se halla en trámite ante Juzgado Criminal y Correccional Federal número 7 una causa tendiente a determinar la eventual responsabilidad penal de diversos ex funcionarios públicos por distintos episodios de incumplimiento de funciones regulación y control sobre las empresas de telefonía".
La investigación de la OA se inició a raíz de una denuncia de la abogada Liliana Zabala, quien apuntó a ex funcionarios de la Comisión de Defensa de la Competencia sobre la base de información contenida en redes sociales y artículos periodísticos que denunciaban que "la fusión de Cablevisión con Telecom fue aprobada por asesores de Cablevisión y Telecom y esconde un fraude".
