El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, consideró hoy "un hecho político" el recurso de amparo presentado por la Sociedad Rural Argentina (SRA), entidad que sostiene que el cobro de derechos de exportación o retenciones en 2022 sería inconstitucional por no haberse prorrogado la ley de Emergencia Pública.
Domínguez objetó la postura de la entidad ruralista y advirtió que, desde el punto de vista jurídico, "sigue vigente y prorrogado el Presupuesto de 2021" y "ninguna de sus facultades se ha alterado", ya que con el decreto que extiende su validez "también se prorrogan todos los instrumentos recaudatorios".
Pero más allá de la esfera legal, el titular de la cartera agropecuaria sostuvo que el reclamo de la SRA "es un hecho político", con el que se pretende "generar un conflicto en el que no vamos a entrar".
"Todavía no hemos salido de la crisis de la Covid y tenemos muchos problemas como para generar nuevos", señaló. Asimismo, enfatizó que el presidente Alberto Fernández le ha pedido a sus colaboradores "que sigamos con una estrategia de desarrollo y de diálogo con todos los sectores".
En ese sentido, puso de relieve la invitación al presidente que le formularon los organizadores de Expoagro, cuya edición de 2022 en la localidad bonaerense de San Nicolás "va a ser la más importante de todos los tiempos".
La SRA y la Sociedad Rural de Jesús María presentaron ante la Justicia de Córdoba una demanda por inconstitucionalidad del cobro de retenciones en 2022, por entender que "al caer la ley de Emergencia y no aprobándose el Presupuesto, a partir del primero de enero deberían ser cero".
"La no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por dos años de esa facultad, priva de sustento legal a los derechos de exportación exigidos con posterioridad a la fecha mencionada", planteó la entidad presidida por Nicolás Pino.
Las retenciones representaron en 2021 ingresos al Estado nacional por $ 963.117 millones, un 148,5% más que en 2020, y significaron el 8,75% de todos los ingresos tributarios.
