El exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, funcionario durante la gestión de la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, anticipó hoy mediante un escrito su negativa a comparecer mañana ante los miembros de la subcomisión de la Bicameral de Inteligencia del Congreso para explicar el alcance de sus dichos registrados en un video de 2017, en el cual expresaba sus deseos de contar con una "Gestapo" para accionar contra los gremios.
Villegas fue citado la semana pasada por ese cuerpo parlamentario que investiga una reunión celebrada en la sede porteña del Banco Provincia, en la que ese ministro de Vidal y otros miembros del gabinete bonaerense, junto a agentes de inteligencia y empresarios, analizaron la conformación de una mesa judicial para impulsar causas contra organizaciones sindicales.
El exfuncionario les daba a los empresarios instrucciones sobre la forma en la cual debían actuar para el armado de causas y les confiaba que la Procuración estaba al tanto sobre cómo debían ejecutarse estas maniobras, según lo que pudieron reconstruir los legisladores a partir de testimonios que se aprecian en ese registro audiovisual.
La citación a Villegas se resolvió luego de que el jueves último los legisladores escucharan el testimonio del procurador bonaerense, Julio Conte Grand, quien intentó desvincularse de la mesa judicial contra sindicalistas con argumentos "poco convincentes", según confiaron a Télam los parlamentarios oficialistas que componen la Bicameral.
De hecho, según afirmó el presidente de la Bicameral, Leopoldo Moreau, "pudimos corroborar que en esa reunión en el Banco Provincia el ministro Villegas efectivamente involucró de manera directa a la Procuración y al Procurador en particular".
Conte Grand negó ante los legisladores el involucramiento y aseguró que "no se hacía cargo de los dichos de Villegas" y que el exministro "había actuado irresponsablemente", según relató Moreau.
En una nota enviada a la comisión, el abogado del exministro, Marcelo Rocchetti, justifica la ausencia en que "Villegas podría autoincriminarse con sus dichos frente a esa comisión, lo cual afecta los derechos y garantías que le asisten" en relación a la causa en trámite en la justicia federal de La Plata, informaron fuentes parlamentarias.
Ante este escenario, los legisladores se reunirán mañana para definir los pasos a seguir ante la negativa del exfuncionario de concurrir a la comisión.
En tanto, para el jueves al mediodía la subcomisión citó a Dario Biorsi, funcionario de la AFI durante la gestión de Juntos por el Cambio presente en la reunión desarrollada en la sede porteña del Bapro.
Para el martes de la semana que viene está prevista también la declaración del exgerente de Relaciones Institucionales del banco, Hernán Stella, que había sido convocado en enero y pidió postergar su exposición por razones particulares.
Una funcionaria del banco declaró recientemente ante la subcomisión que el área a su cargo es desde 2016 la encargada de reservar el salón donde se hizo la reunión, por lo que prácticamente habría desvinculado a Stella del hecho.
Los legisladores investigan los alcances de la reunión realizada en la sede porteña del Banco Provincia, donde el entonces ministro de Trabajo le manifestó a los presentes sus deseos de contar con "una Gestapo" -la policía política del régimen nazi- para perseguir a los gremios.
El audio de ese video -que constituyó el inicio de la investigación judicial y parlamentaria- reveló que algunos de los asistentes aludían a la colaboración asegurada de una fiscal y de la Procuración General en el objetivo de perjudicar a sindicalistas.
De acuerdo con la investigación que llevan adelante, los legisladores pudieron acreditar que la sala del Banco Provincia fue reservada por la Gobernación de Vidal por un lapso de tres días y que las cámaras fueron instaladas y desmontadas el día anterior y el posterior, respectivamente, a cuando ocurrió el encuentro.
En la causa judicial, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak pidió a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que informe si Vidal recibió un teléfono encriptado o satelital y, en caso de ser así, si lo devolvió a ese organismo, informaron fuentes tribunalicias.
