La Oficina Anticorrupción (OA) denunció a la exministra de Seguridad y presidenta de PRO, Patricia Bullrich, por la compra de elementos para el G20 con sobreprecios de hasta el 315 por ciento. Habrían sido un total de nueve licitaciones destinadas a la cumbre de gobernantes que se celebró en Buenos Aires en 2018, durante la gestión de Mauricio Macri.
Según el comunicado de la oficina cuyo titular es Félix Crous, en la presentación se denuncia a Bullrich y otros tres colaboradores del ministerio por los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional".
Los otros tres funcionarios son el exsecretario de Coordinación, Formación y Carrera, Alberto Fernando Fohrig; el exsubsecretario de Gestión Administrativa, Martín Siracusa; y el exsecretario de Coordinación, Bienestar, Control y Transparencia Institucional del Ministerio de Seguridad, Daniel Fihman.
La denuncia de la OA refiere a nueve licitaciones "destinadas a la adquisición de bienes a utilizarse en la Cumbre del G-20" llevada a cabo en Buenos Aires, entre el 28 de noviembre y el 1° de diciembre de 2018, bajo la presidencia de Mauricio Macri, que de acuerdo a una auditoria de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), en las mismas se expresa constancia que los bienes eran para apoyar operaciones de las Fuerzas de Seguridad en el G-20.
Sin embargo, desde la OA señalaron una incongruencia, dado que "en todos los procesos licitatorios los funcionarios denunciados consintieron que el plazo de entrega de los bienes resultara posterior al 1° de diciembre de 2018, es decir el día en que culminó la Cumbre del G-20, lo que obviamente generó que ninguno de los bienes adquiridos pudieran utilizarse con la finalidad para la que habían sido comprados".
El proceso que mayores irregularidades presentó, según la investigación de la OA, fue en el que se adquirieron 475 chalecos antibalas con un sobreprecio de 30% respecto del precio testigo previamente fijado por la SIGEN y entregados más de dos meses después de concluida la Cumbre del G-20.
El listado de adquisiciones incluyó 4 ambulancias, 20 furgones, equipos antiexplosivos, 900 uniformes ignífugos, 2 scanner de vehículos montados sobre un vehículo tipo furgón, 5 camiones hidrantes, sistemas de comunicación y 120 pistolas tácticas, y el precio pagado por el Estado Nacional superó los 9 millones de dólares.
La investigación determinó que, además de que los bienes no pudieron usarse para el fin que fueron adquiridos, en el caso de la licitación de equipos antiexplosivos, específicamente en la compra de 2 tolvas de protección, la entonces ministra, el 20 de noviembre de 18 mediante la Resolución RS-2018-59884329-APN-MSG, aprobó su adquisición a la firma Everthron Marine Systems S.R.L, en un precio que excedió en más del 315% el precio testigo, previamente establecido por la SIGEN.
La investigación quedó a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, a cargo de Luis Osvaldo Rodríguez, con intervención de la Fiscalía Federal N° 10, a cargo de Paloma Ochoa.
