La expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez afirmó que su llegada al Gobierno, en noviembre de 2019, estuvo lejos de ser producto de un golpe de Estado.
En la primera audiencia presencial del juicio, explicó que solo apuntó a “pacificar el país” y reiteró su convicción de que es acusada en “un juicio político” y que ella misma es “una presa política”.
Además de desconocer al tribunal que la juzga en la causa llamada “golpe de Estado II”, Áñez acusó a su antecesor Evo Morales por la violencia que se dio en el país después de las elecciones de 2019.
La exmandataria, desde hace un año en prisión preventiva, habló este viernes en una nueva audiencia del proceso que se sigue en contra suyo y de varios militares por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. “Yo tendría que ser sometida a un juicio de responsabilidades”.
La exsenadora dijo que "no estaba en condiciones de estar instruyendo ni dando órdenes a nadie" y hasta afirmó que no tenía “ni voz ni voto” en su propio partido, por lo que de ninguna manera puede especularse con que su llegada al Palacio Quemado fue “orquestada”.
Entre sus declaraciones, explicó que asumió la Presidencia "por responsabilidad", con la idea de encabezar un gobierno de transición de tres meses, pero que las condiciones impidieron esa meta.
"No lo hice sola, lo hice con todas las instituciones y las organizaciones sociales. Pacificamos al país, llamamos a elecciones y ahora hay un presidente constitucional", remarcó.
Insistió en la responsabilidad de Morales en las protestas y manifestaciones, porque si el entonces presidente hubiera aceptado lo que marcaba la Constitución en cuanto al límite de mandatos la situación se habría evitado.
Y aclaró que, si bien nunca pidió impunidad, si acaso hubiera cometido un delito le corresponde un juicio de responsabilidades, a cargo del Congreso, y no uno a través de la justicia.
"Este es un juicio político y yo soy una presa política. Yo no reconozco a este tribunal; no reconozco a la acusación de los señores fiscales porque están actuando políticamente. Y como exsenadora y expresidenta, les guste o no, yo tendría que ser sometida a un juicio de responsabilidades", argumentó.
Reiteró que está sometida a procesos "totalmente injustos" y reseñó que "absolutamente todos" los recursos que presentó su defensa fueron rechazados, por lo que “este es un proceso eminentemente político” en el que está “en absoluta indefensión".
“Ése que fue presidente dictador (Luis García Meza, 1980-1981) tuvo un juicio de responsabilidades; le respetaron sus derechos, derechos que a mí no me han respetado desde el inicio de este calvario", añadió.
