Hoy se realizará la reunión de la comisión de Legislación General, donde el oficialismo intentará aprobar su dictamen sobre Alquileres, que mantiene los ejes centrales de la actual ley 27.551, e introduce algunos cambios que apuntan a mejorar los incentivos a propietarios para ampliar la oferta en el mercado.
Sin embargo, no está definido si el debate podrá agotarse en la jornada de hoy, ya que si se extiende demasiado podría llamarse a un cuarto intermedio y retomar dentro de unos días.
El oficialismo y Juntos por el Cambio comparten el diagnóstico de que la ley (que tuvo media sanción en 2019 durante el Gobierno de Cambiemos y aprobada definitivamente en 2020), que había sido fruto del acuerdo transversal de las fuerzas mayoritarias del Congreso, no arrojó los resultados esperados.
Las principales críticas de la industria inmobiliaria tiene que ver con la extensión de la duración de los contratos a tres años, y la actualización anual que se fijó en la ley.
En línea con estos reclamos, Juntos por el Cambio propondrá un dictamen para retrotraer al sistema que funcionaba antes de la sanción de la norma vigente, cuando los contratos se firmaban por dos años años el ajuste de los valores era semestral.
En la oposición argumentan que el ajuste anual es incompatible con la dinámica inflacionaria del país, que provoca una alta incertidumbre especialmente en los propietarios, quienes podrían llegar al punto de retirar los alquileres del mercado, generando un problema aún mayor.
No obstante, luego de de un arduo debate interno, el Frente de Todos decidió hacerse eco de las preocupaciones de las agrupaciones de inquilinos, que pidieron mantener tanto el plazo de duración de los contratos y la frecuencia de los ajustes de precios tal como están.
A su vez, el dictamen que firmará el oficialismo subsanará un déficit que tiene la ley: se fijará que el aumento que determina la fórmula de actualización de los precios (que combina la variación salarial con la inflación medida por el IPC) será el tope máximo permitido.
Si bien en la oposición predomina la idea de realizar modificaciones a la ley, un sector minoritario liderado por Alberto Asseff (PRO) propone directamente la derogación de la norma.
Volviendo al dictamen del oficialismo, quedaría descartada la propuesta del diputado José Luis Gioja de aplicar un impuesto a las viviendas ociosas, una iniciativa que había asustado y puesto en alerta a las cámaras inmobiliarias y asociaciones de propietarios.
Sin embargo, sí se incorporarán algunos aspectos comprendidos en el proyecto del sanjuanino, vinculados a beneficios fiscales que recibirían los locadores que se inscriban en el régimen de monotributo, que podrían deducir esos bienes inmuebles del pago del impuesto sobre los Bienes Personales por cada año y período fiscal en el que estuvieran registrados hasta cinco contratos de alquiler.
