La Fiscalía de Barcelona solicitó ayer una pena de ocho años y dos meses de prisión para la cantante Shakira, a la que acusa de seis delitos contra la Hacienda pública por un presunto fraude fiscal de 14,5 millones. La pena supondría su ingreso en prisión en caso de ser atendida por el tribunal que debe juzgarla, ya que supera los dos años que le permitirían esquivar la cárcel.
El Ministerio Público presentó su escrito de acusación ante el juzgado que instruye el caso, después de que la Audiencia de Barcelona avalara que debe ir a juicio.
El caso comenzó en 2017 cuando los denominados "papeles del paraíso", una investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), reveló que la cantante colombiana residía en Barcelona junto a su entonces marido, el futbolista Gerard Piqué, y sus dos hijos, pero estaba supuestamente domiciliada en el paraíso fiscal de las Bahamas.
La investigación aseguraba además que la cantante gestionaba en dos países con ventajas fiscales, Malta y Luxemburgo, unos 31,6 millones de euros por derechos de autor de sus canciones.
Los abogados de la cantante aclararon que residía en las islas Bahamas desde 2004, pero los años siguientes tuvo que viajar "sin parar", y que, hasta 2015, su presencia en España no superó el plazo que la obliga a tributar y que la gestión de esos millones se realizaba desde 2007 a través de una sociedad maltesa que "cumple con todos los requisitos legales".
