Según la sentencia revelada este viernes, Preska eximió de responsabilidad a YPF en la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera en 2012, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero responsabilizó de la maniobra al Estado nacional.
Ahora, a la Argentina le quedan dos instancias judiciales para apelar esta resolución, aunque igualmente deberá depositar una garantía millonaria como actor perdedor en el litigio. La suma reclamada por los fondos litigantes va entre u$s8.500 millones y llega a hasta los u$s19.8000 millones. Pero esos montos no son definitivos.
