La Cámara Federal porteña confirmó hoy la negativa a aceptar como querellante al Ministerio de Justicia en la causa por el viaje de funcionarios porteños, magistrados y directivos del Grupo Clarín a Lago Escondido, un paraje ubicado en la zona cordillerana de Río Negro, donde el magnate británico Joe Lewis posee tierras que están en conflicto con la Justicia.
Los camaristas de la sala II Martin Irurzun y Eduardo Farah consideraron que las competencias del ministerio a cargo de Martín Soria no contemplan la investigación de un episodio de posibles dádivas e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Para los jueces, los argumentos del Ministerio de Justicia para ser parte del expediente no demuestran que el episodio de Lago Escondido "pudiera generar un perjuicio directo a las atribuciones o deberes del Ministerio de Justicia".
Según se encuentra probado en la causa, viajaron en un vuelo privado al exclusivo lodge patagónico de Lewis el juez Julián Ercolini, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 10; Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico 2; Pablo Cayssials, juez del Juzgado Nacional de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal 9; Juan Bautista Mahiques, actual fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
Por este viaje, realizado el 13 de octubre del año pasado, todos ellos fueron imputados penalmente en diciembre por la fiscal federal de Bariloche María Cándida Etchepare.
En el mismo trámite, por el ofrecimiento de "dádivas", la fiscal Etchepare también involucró en la causa a Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín; Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales de Telecom/Clarín; Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido perteneciente a Joe Lewis; Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política.
La decisión de la Cámara Federal de confirmar el rechazo, firmada por Irurzun y Farah, tuvo la disidencia del presidente de la sala Boico, quien consideró que sí están dadas las condiciones para aceptar al Ministerio de Justicia como querellante.
"Si es un órgano estatal, bajo el presupuesto de que el hecho-conducta (penal) esté prevista como una de las que la ley habilita a que el Estado participe en tal carácter, con absoluta independencia del ejercicio acordado por la ley y la Constitución al Ministerio Público Fiscal", señaló el presidente del tribunal.
El caso se reveló tras la filtración de unos chats guardados en el teléfono celular de D´Alessandro, y en los cuales los involucrados intercambiaban estrategias para presentar una versión que justificara su presencia en las tierras del magnate británico.
