La Cámara Federal de Casación Penal desestimó el pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner para agravar la imputación sobre los integrantes de la agrupación Revolución Federal, procesados por "incitación a la violencia colectiva".
En una resolución judicial a la que tuvo acceso Télam, los camaristas Daniel Antonio Petrone y Diego Barroetaveña consideraron que los representantes legales de la Vicepresidenta no lograron "refutar de forma adecuada la ausencia del presupuesto objetivo de admisibilidad que señaló la cámara de apelaciones como objeción al recurso de casación presentado”.
De esta forma, quedó en firme un fallo de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que mantuvo los procesamientos de Jonathan Ezequiel, Morel, Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Guerra y Nilda Sabrina Basile, pero sin prisión preventiva.
La querella de la vicepresidenta reclamó procesamientos por un delito más grave, asociación ilícita, algo que sí había resuelto el juez del caso, Marcelo Martínez De Giorgi, pero que fue revocado por los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.
El recurso de la querella solicitaba modificar la acusación que pesaba sobre los integrantes de esta agrupación, pero los magistrados de Casación consideraron que "la decisión cuestionada no reviste la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella por sus efectos, y tampoco se trata de alguno de los autos contenidos en el art. 457 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN)".
Asimismo, Casación ordenó reducir el monto del embargo sobre estos cuatro miembros de Revolución Federal "hasta cubrir la suma de $4.000.000 (cuatro millones de pesos) por cada uno".
"La querella tampoco demostró la existencia de una cuestión federal que permita habilitar la competencia de esta Cámara como tribunal intermedio, conforme la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Di Nunzio", sostuvo en su voto el juez Carlos Mahiques.
Las actividades de Revolución Federal comenzaron a ser investigadas luego que se revelara que Brenda Uliarte, acusada de haber participado en el fallido atentado que sufrió la Vicepresidenta el 1 de septiembre de 2022, había participado en manifestaciones de esta agrupación.
La causa puso especial foco sobre una marcha a Plaza de Mayo llevada a cabo en la noche del 18 de agosto de ese año, cuando sujetos identificados con ese grupo lanzaron antorchas y objetos contra la Casa Rosada.
