La Corte Suprema le dio, en sigilo, un impulso a la investigación por las coimas que la empresa brasileña Odebrecht confesó haber pagado en la Argentina a través de sus empresas subsidiarias, para acceder a obras públicas.
En este caso en particular, se trata de la investigación por presuntos sobornos para que un consorcio de empresas, entre ellas algunas vinculadas con el ex presidente Mauricio Macri, se quedaran con la faraónica tarea de soterrar el Ferrocarril Sarmiento. Esa obra nunca se hizo y la causa judicial tampoco avanza.
Una de las razones que justifican, al menos desde lo formal, que la investigación no tenga rumbo, es la situación judicial de los “arrepentidos” brasileños cuya información fue aportada a los tribunales argentinos a través de un convenio de cooperación que estableció límites y requisitos cuyo cumplimiento (o incumplimiento) se debate en Comodoro Py.
La última objeción sobre la utilización de esa información la formuló el empresario Héctor Javier Sánchez Caballero, ex CEO de IECSA, la empresa relacionada con Macri a tal punto que su dueño fue su primo Angelo Calcaterra. Sánchez Caballero fue el segundo empresario que sucumbió a la tentación de acogerse al régimen del imputado colaborador o arrepentido en la Causa Cuadernos.
Arrepentido aquí, objetó la información y la utilización de ella de los arrepentidos de allá.
En su último acuerdo, la Corte Suprema rechazó un último recurso presentado por su defensa, ahora a cargo de Ricardo Damián Rosental, quien también asistió a Macri en causas penales.
Anteriormente la defensa de Sánchez Caballero estuvo a cargo de Fernando Díaz Cantón, quien intervino en el pasado en la defensa del difunto ex presidente Fernando De la Rúa.
“El recurso extraordinario, cuya denegación originó la presente queja, no reviste el carácter de sentencia definitiva o auto equiparable a tal. Por ello, se desestima la presentación directa”, sostuvieron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes superaron sus diferencias personales y conformaron mayoría (sólo en materia judicial) ante la ausencia de Juan Carlos Maqueda, a quien en el cuarto piso del Palacio de Tribunales lo describen como “muy golpeado y enojado” por la situación que atraviesa en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
Maqueda recibió personalmente la notificación de la Comisión sobre su citación para ejercer su defensa ante las acusaciones por las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial (OSPJ). Les hizo saber a los diputados que estaba “enojado” porque “no se respetaron los códigos”, anunció que no concurrirá personalmente a defenderse y dejó sin respuesta la posibilidad de presentar un escrito de descargo.
Respecto de Rosatti, el domingo pasado sorteó exitosamente una prueba social de envergadura. Concurrió a La Bombonera a presenciar el partido de despedida de Juan Román Riquelme. Estuvo a cara descubierta en un sector de las plateas bajas (unas filas más abajo estaba el senador del Frente de Todos Oscar Parrilli) y nadie lo insultó ni le reprochó nada. Acaso porque tampoco fue reconocido en ese templo de la pasión convocado para la última función de un gran futbolista.
La Corte puso fin a una situación que se viene meneando desde 2019. Las fiscalías de la Argentina y Brasil suscribieron un “compromiso de especialidad y limitación del uso de pruebas” en el marco de la causa Odebrecht, que tiene ramificaciones en media docena de países de la región. El acuerdo estableció el compromiso de “no utilizar esas informaciones y pruebas contra el (los) colaborador(es) del Ministerio Público Federal Brasileño”.
Pese a esa limitación, la Cámara Federal porteña entendió que “no hay ninguna oración ni concepto que aluda a la imposibilidad de juzgar por los hechos a quienes prestaron ‘delaciones premiadas’ en Brasil o a eximir a cualquiera de esas personas, sin más, de responsabilidad penal ante la eventual comisión de delitos”.
Pero aclaró que “se daría un escenario diferente si se llegara a corroborar que alguno de los ‘delatores’ (o cualquier otro implicado en la causa) hubiere sido ya o esté siendo juzgado por los mismos hechos en Brasil (o en otro lado). Esta situación – que se desconoce por el momento, tal como se ha dicho ante varios planteos de las defensas de imputados en la causa- tornaría operativo el principio ne bis in ídem y vedaría el avance de otro proceso por los mismos acontecimientos contra los mismos individuos”.
Más allá de esas limitaciones (que están judicializadas), la esencia misma del convenio de cooperación está bajo cuestionamientos de las partes. Básicamente, lo que se objeta es que las delaciones premiadas en Brasil, con un régimen judicial diferente al que rige en la Argentina, no puede ser utilizado como prueba de cargo contra los imputados en los tribunales de Retiro.
La Corte, al rechazar el planteo de Sánchez Caballero, pareció despejar esa objeción. Y, de paso, por una vía indirecta, avaló tres llamados de atención que la Cámara Federal le formuló al juez de primera instancia Marcelo Martínez de Giorgi para que apure el expediente.
¿Qué se investiga? El soterramiento del Sarmiento, una de las tres causas en las que se investigan supuestas coimas de Odebretch en la Argentina para quedarse con contratos de obra pública.
El juez Martínez de Giorgi aguarda los resultados de un peritaje sobre la frustrada obra para determinar la situación procesal de ex funcionarios y empresarios acusados, entre ellos Calcaterra, Sánchez Caballero, Jorge “Corcho” Rodríguez –sospechado de haber sido intermediario para los pagos ilegales- y el ex ministro de Planificación, Julio De Vido.
La lista llega a medio centenar de investigados.
La obra del soterramiento contemplaba un presupuesto de unos tres mil millones de dólares, fue planificada durante el gobierno de Néstor Kirchner, los contratos firmados en la presidencia de Cristina Kirchner y el impulso para la realización estuvo a cargo de la administración de Macri.
El juez Martínez de Giorgi, a instancias del fiscal Franco Picardi, había dictado en 2018 una serie de procesamientos y faltas de mérito y ordenó profundizar líneas de investigación con la requerida colaboración de la justicia brasileña.
Pero la Cámara Federal anuló esa resolución y reorientó la investigación; desde entonces, la causa atraviesa un pantanal, en gran medida porque quedaba pendiente la complementación con Estados Unidos y con Brasil.
Ese último escollo ahora parece haberse evaporado.
Calcaterra, el eslabón que conduce a Macri (en cuyo gobierno se cambió el financiamiento privado de la obra por financiamiento estatal) transfirió toda la responsabilidad de los ejecutivos brasileños de Odebrecht.
Sin embargo, Picardi detectó existieron pagos canalizados a través de una empresa presuntamente apócrifa llamada CAESA. Esos pagos están registrados en la contabilidad de IECSA.
El fiscal Picardi obtuvo el testimonio en Brasil de un ejecutivo de Odebretch identificado como Luiz Antonio Mameri, quien complicó directamente a IECSA (y sus socias en una Unión Transitoria de Empresas -UTE- a nivel local, la italiana Ghella y a española Comsa) en las coimas por unos 35 millones de dólares en sobornos entre 2007 y 2014.
