El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) denunció hoy que la justicia de Jujuy realizó allanamientos en las casas de 22 personas que protestaron en la ciudad de Humahuaca contra la reforma de la Constitución provincial y consideró que, de esta manera, el Gobierno de Gerardo Morales "cumplió su amenaza de criminalizar a referentes sociales e indígenas".
"Allanan las casas de 22 personas que participaron de la marcha del 30/6 en Humahuaca. Se las acusa de delitos gravísimos como sedición y privación de la libertad para que queden detenidas", escribió el organismo en su cuenta de la red social Twitter.
En un hilo de tuits, el Cels remarcó que, con esta acción, "el Gobierno (de Morales) cumplió su amenaza de criminalizar a referentes sociales e indígenas".
Además, apuntó contra "algunos integrantes del Concejo Deliberante de Humahuaca" que -señaló- hicieron la denuncia contra esos manifestantes y "pretenden hacer pasar esa movilización por un intento de sedición y secuestro".
"La fiscalía y el juez deciden criminalizar la protesta social. Ese día la Policía de Jujuy reaccionó reprimiendo a quienes se manifestaban: hubo personas heridas graves, entre ellas jóvenes que perdieron la visión", subrayó el Cels en sus posteos.
