“Las obligaciones que se aplicarían a compradores y revendedores permitirían controles efectivos para frenar los robos permanentes de cables y medidores que dejan a los vecinos sin diversos servicios básicos como por ejemplo agua, luz, teléfono, tv por cable y acceso a internet; y también los robos de picaportes, porteros eléctricos y barandas de edificios, viviendas y espacios públicos, o de cruces y placas de los cementerios”, indicó el edil.
Remarcó luego que “estos controles que impulsamos no afectan a la gente que junta este tipo de elementos que encuentra en la calle, o en lugares donde se arroja basura y objetos, porque se aplican a las ventas y compras a partir de determinados volúmenes y montos, para poder identificar si el origen de lo que se comercializa es ilícito y así parar de una vez estos robos que tantos problemas generan a la gente”.
Detalló que la iniciativa prevé que cuando las operaciones “sean por un monto mayor a aproximadamente 40 mil pesos, los compradores tendrán que registrar la identidad de quien les vaya a vender estos materiales no ferrosos y también la documentación de los vehículos en los que los lleven; y cuando sean por montos superiores a 100 mil pesos, a estos requisitos se sumará otro, que es que la operación sea bancarizada”.
