La Asociación Civil Justa Causa, que preside el ex diputado Jorge Enríquez, presentó un escrito para convertirse en querellante, después de que la vicepresidenta fuera sobreseída a instancias de un dictamen del fiscal Guillermo Marijuán, al que se adhirieron la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF).
Casanello advirtió que Enríquez “no ha acompañado poder especial alguno que lo habilite para desempeñar dicha labor ni acta de asamblea vigente que refleje válidamente la voluntad de la asociación de erigirse como parte querellante en los presentes actuados”.
De la documentación aportada –añade la resolución- no surge “la intención de la entidad de someterse al presente proceso penal y afrontar, en su caso, las obligaciones derivadas del rol de querellante”.
“Tampoco le corresponde al juzgador, para suplir aquella falencia, convertirse en intérprete de una supuesta voluntad implícita de una de las partes”, añadió el juez.
En ese mismo sentido, Casanello consideró que tampoco están dados los requisitos para aceptar a ONG como particular damnificado en el expediente.
“La condición que habilita la legitimación activa en el proceso penal -como persona ‘particularmente ofendida’- es propia de quien, de modo especial, singular, individual y directo se presenta afectada por el daño o peligro que el delito comporte”, sostuvo la resolución.
Según el magistrado, “no se advierte la presencia de aquel plus respecto al común de la sociedad que posicione a la Asociación Civil Justa Causa como ‘particularmente ofendida’ y afectada de modo especial e individual por los hechos que motivaran la formación de la causa”.
En el expediente está pendiente una resolución de la Cámara Federal sobre un planteo similar formulado por otra ONG, Bases Republicanas, cuya presidenta (en uso de licencia) es la diputada de Juntos por el Cambio y consejera de la Magistratura Jimena De la Torre.
