El Tribunal Oral Federal 8 estará a cargo del debate y juzgará a D'Alessio por diez casos de extorsión y lavado de dinero cometidos como parte de una asociación ilícita, una causa por la cual se encuentra en prisión preventiva desde hace 4 años y 4 meses en la cárcel de Ezeiza.
D'Alessio fue condenado a 4 años de prisión en otra causa en la que se lo juzgó en 2021 por el intento de extorsión al empresario Daniel Traficante.
En este nuevo debate serán juzgados por nueve casos de asociación ilícita y extorsión el suspendido fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone y el excomisario bonaerense Norberto Degastaldi, entre otros procesados.
En un décimo caso, Bidone y Degastaldi fueron imputados del delito de lavado de dinero a partir de la existencia de un grupo de WhatsApp llamado "Buenos Aires" por medio del cual varias personas coordinaban acciones para colocar fondos de origen ilícito en cuentas off-shore.
El funcionamiento de este grupo fue comprobado tras una revisión llevada a cabo en el teléfono celular de D'Alessio.
Todos están acusados de haber formado parte, desde 2016 hasta febrero de 2019, de una asociación ilícita que "planificó" y, en algunos casos, "ejecutó sin poseer facultades para ello, ni orden de autoridad competente, actividades de investigación, recolección, clasificación, ordenamiento, almacenamiento y análisis de información vinculada a personas, devenir de causas judiciales e integrantes de medios masivos de comunicación", según el requerimiento de elevación a juicio.
El debate oral está a cargo de las juezas Gabriela López Iñiguez, Sabrina Namer y del juez Nicolás Toselli.
La investigación fue abierta en la Justicia Federal de la ciudad bonaerense de Dolores, a cargo del ahora juez de La Plata Alejo Ramos Padilla.
Sin embargo, tras una orden de la Cámara Federal de Casación, el expediente pasó luego a los tribunales de Comodoro Py, donde recayó en manos del magistrado Julián Ercolini.
Este último fue quien envió la causa de manera parcial a juicio sobre la base de un pedido hecho por el fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi.
La Cámara Federal de Casación rechazó la semana pasada la posibilidad de excarcelar a D'Alessio y encomendó al Tribunal llevar adelante el juicio con "celeridad".
El primer caso que se juzgará corresponde a los hechos denunciados por el empresario Pedro Etchebest, cuya presentación dio curso a la investigación y a quien se le habría exigido el pago de 300.000 dólares para no involucrarlo en el llamado "caso Cuadernos".
La segunda causa abarca a Gonzalo Brusa Dovat, exdirector de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en la Argentina, "a quien, mediante acciones de coacción, que importaron tareas de recolección de información previa a su respecto, se lo obligó a prestar testimonio en diversas entrevistas periodísticas y declaración testimonial en la sede de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4, a cargo del fiscal federal Carlos Stornelli", en 2019.
El tercer caso corresponde a Pablo Erasmo Barreiro, que fue víctima, según la investigación judicial, "maniobras extorsivas" en octubre de 2018 también por el caso "Cuadernos", aunque relacionada a una posible orden de detención en su contra y a la existencia de una "carpeta grande" con "cosas" que lo vinculaban al hecho, por el cual en ese momento el fallecido juez federal Claudio Bonadio había ordenado detener a su padre.
La cuarta causa alcanza a Diego Vestillero, que fue blanco de "acciones intimidatorias y extorsivas" en julio de 2016, además de "exigencias de dinero y amenazas con publicaciones en medios de prensa", para obligarlo a " entregar documentación de contenedores relacionados con la firma Fox Cargo S.A.", de la cual era directivo.
El quinto hecho tiene como víctima al abogado Juan Manuel Ubeira, contra quien D'Alessio, "en el marco de la asociación ilícita", habría planificado "una cámara oculta con el propósito de vincularlo, a través de algún tipo de ardid y una metodología similar a la del agente provocador, en una posible maniobra delictiva que pudiera ser encuadrada como "extorsión en grado de tentativa a un fiscal federal".
El sexto caso elevado a juicio es el que tuvo como centro a Jorge Christian Castañón Destefano, por el cual "se reprochó a Marcelo D'Alessio haber realizado, en el marco de la asociación ilícita y frente a un supuesto requerimiento efectuado por (el fiscal) Carlos Stornelli, tareas de recopilación de información respecto de Jorge Christian Castañón, de nacionalidad peruana y presunto piloto de la aerolínea United Express, empresa subsidiaria y de cabotaje en los Estados Unidos de United Airlines".
El llamado 'Caso Jaitt' es otro de los enviados a etapa de juicio, por el cual D'Alessio está acusado de "haber desarrollado, en el marco de la asociación ilícita, tareas de recolección de información -identificadas por la Comisión Provincial por la Memoria como "contrainteligencia"-, con relación a Natacha Jaitt y Mirtha Legrand, así como a los señores Eduardo Miragaya, Ignacio Viale, Raúl Martins, Gustavo Vera y Gabriel Anello".
"Dichas tareas tuvieron lugar en el transcurso del año 2018 y se habrían desarrollado como consecuencia de los dichos vertidos por Natacha Jaitt en el programa televisivo conducido por Mirtha Legrand en marzo de 2018", agrega la imputación.
El falso abogado también será juzgado por el "Caso Fantino. Animales Sueltos".
En esa acusación, se le reprocha haber hecho "tareas de investigación y recolección de información de modo ilegítimo con relación a los integrantes y/o panelistas del programa televisivo 'Animales Sueltos' que se emite por el canal América y que es conducido por el periodista Alejandro Fantino", según consta en la elevación a juicio parcial firmada por Ercolini.
El noveno hecho a juzgarse también involucra al suspendido fiscal Bidone, condenado a 3 años y 8 meses de cárcel en el mismo juicio que se le siguió el año pasado a D'Alessio por las acciones llevadas a cabo en perjuicio del empresario Traficante.
"Se imputa a Marcelo D'Alessio haber desarrollado, con la participación de Juan Ignacio Bidone, actividades de investigación y recolección de información de modo ilegítimo tanto en territorio argentino como uruguayo con relación a ciertas empresas y personas", indica la resolución.
Entre ellas estuvieron "Facundo Trías, Martin Ortiz y Manuel José Londoño Hernández. Tales maniobras tuvieron lugar entre octubre de 2016 y diciembre de 2018", detalla la imputación.
