En los ‘90, sólo el 10% de los porteños alquilaba, mientras que ahora esta cifra se elevó a más de 40% y está en continuo crecimiento.
De acuerdo con un informe del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, en la actualidad hay 488.000 hogares de inquilinos en los distintos barrios porteños.
Los expertos señalan que el fracaso de la política de créditos hipotecarios, que buscaba solucionar la cuestión habitacional, es una de las razones fundamentales detrás de este fenómeno.
Según el relevamiento, los millones de metros cuadrados construidos recientemente solo han sido accesibles para un máximo del 5% de la población porteña con ingresos y capacidad de ahorro suficientes para adquirir nuevas viviendas.
A pesar de la construcción de más de 10 millones de metros cuadrados entre 2011 y 2021, alrededor de 400.000 personas viven en barrios populares y 1 de cada 6 habitantes enfrenta déficit habitacional.
La dificultad para acceder a la propiedad llevó a gran parte de la población a incrementar la densidad demográfica en zonas más alejadas o alquilar.
Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, expresaron: “Se duplicó la cantidad de viviendas construidas, de 8.500.000 a 17.700.000, mientras que la población sólo creció un 50%, de 30.800.000 a 46 millones.
Pero a pesar del aumento en la cantidad de viviendas, debido a la imposibilidad de que la mayoría de la población acceda a la propiedad, el porcentaje de inquilinos en las ciudades aumentó”.
El problema se agrava con la falta de oferta de viviendas en alquiler, los altos costos iniciales y los métodos de ajuste atados a la inflación, razones que están llevando a las personas a alejarse de las áreas centrales en busca de opciones más asequibles, sacrificando proximidad a lugares de trabajo y acceso a servicios.
Actualmente, la Ley de Alquileres está en el centro del debate en el Congreso.
A pesar de que Diputados dio media sanción para reformar los artículos más polémicos, en el Senado el tratamiento se trabó y no hay fecha precisa para su debate.
Los especialistas sostienen que a medida que cientos de familias no logran acceder al alquiler, crece la informalidad. Esto se traduce en ocupaciones de terrenos en villas de emergencia, alquiler de viviendas precarias o directamente vivir en situación de calle.
