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Artola: "logramos frenar el avance del mercado inmobiliario, y la derecha en el Congreso"

 



El pasado miércoles por la madrugada la Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma de alquileres con los cambios incluidos por el Senado que había impulsado el oficialismo. De esta manera, los contratos entre propietarios e inquilinos se mantendrán por tres años, se pactarán en pesos y tendrán una actualización cada seis meses, basado en el coeficiente de "Casa Propia".

La iniciativa se aprobó con 128 votos a favor, 114 en contra y ninguna abstención. Votaron a favor diputados del Frente de Todos (FdT), el Movimiento Popular Neuquino, los dos diputados del Bloque Socialista, dos legisladores de Identidad Bonaerense, una de Córdoba Federal, uno de Juntos por Rio Negro, dos del Frente de la Concordia y cuatro del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).

Sebastián Artola, referente de Inquilinos Agrupados Rosario y responsable de la Federación de Inquilinos Nacional en la provincia de Santa Fe, manifestó: “Logramos frenar la avanzada del mercado inmobiliario y la derecha en el Congreso”. 

“Todos estos meses de movilización y lucha contra el lobby inmobiliario dieron sus resultados”. “Ahora, exigimos al gobierno nacional y al ministro de hábitat, Santiago Maggiotti, que de una vez por todas se cree una autoridad de aplicación con capacidad de control y sanción para que la ley efectivamente se cumpla”.

“La nueva ley de alquileres entrará en vigencia cuando el presidente la promulgue, lo que estimamos será en estos días, mientras tanto todo contrato que se firme por estos días tiene que hacerse bajo la ley con actualización anual. Luego, el cambio que habrá es que todo contrato nuevo será con una actualización semestral según el índice Casa Propia”, explicó Artola. 

“En estos meses logramos poner en debate la forma en que se accede a la vivienda en Argentina y quedó en claro que hay dos modelos en disputa: por un lado, están los que quieren que la vivienda siga siendo un negocio, en manos del mercado, donde el Estado no se tiene que meter y donde los inquilinos se las tienen que arreglar como puedan.

Por el otro, estamos los que consideramos que la vivienda tiene que volver a ser un derecho y para eso es imprescindible la presencia activa del Estado protegiendo a los inquilinos y poniendo freno a la especulación”. 

“Después de cuatro décadas largas logramos poner en cuestión la vivienda como negocio y empezar a discutir el precio del alquiler”, agregó Artola. “Por supuesto que queda muchísimo camino por recorrer para tener una política integral de acceso a la vivienda y vamos por eso, pero dimos un paso importante frenando la ofensiva del mercado inmobiliario”, concluyó el referente del movimiento de inquilinos de la ciudad.


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