La intervención de una obra social a cargo de aliados de Luis Barrionuevo destinó por lo menos tres millones de dólares a fundaciones y prestadores sin documentación de respaldo, además de haber hecho otros gastos injustificados y regalos por al menos 5 millones de pesos de una joyería de Recoleta al tiempo que denegaba prestaciones para sus afiliados.
Las denuncias constan en un informe de auditoria realizado por un funcionario que sucedió a un dirigente leal al gastronómico y que duró apenas un mes en el cargo, del que renunció sometido a presiones -siempre del mismo origen- para que alquilara un edificio por 10 millones de pesos mensuales.
La auditoría, a la que tuvo acceso exclusivo Ámbito, fue practicada por la intervención de la Obra Social del Personal de Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas (Ospsip) entre marzo y abril de este año y entregada a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el órgano encargado del control de las prestadoras de salud de gremios y prepagas.
El entonces interventor, Jorge Alonso, relevó parte de la labor de su antecesor, Sigifredo Jorge Banegas, quien a su vez había llegado al cargo a partir de un acuerdo entre Barrionuevo, su impulsor, y el superintendente Daniel López.
