La medida eliminará la incompatibilidad vigente entre el cobro de la pensión y de un sueldo durante el plazo de un año y por un valor equivalente a no más de cuatro salarios mínimos.
Superado ese plazo el pago del beneficio a favor del discapacitado quedará en suspenso pero podrá recobrarlo en caso de discontinuar el empleo formal. Los técnicos a cargo de la elaboración del decreto explicaron que para ponerlo en práctica y evitar una pérdida del beneficio se resolvió dejarlo en suspenso pasado el año y no darlo de baja.
La medida fue desarrollada en conjunto por las carteras de Trabajo y de Desarrollo Social, que encabeza Victoria Tolosa Paz, y se calcula que podrán acogerse a sus términos unos 350 mil pensionistas. Hasta ahora regía una norma de menor jerarquía emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) cuyo efecto había sido muy limitado.
“Vamos a recuperar la posibilidad de que ambas sean posibles”, declaró ayer Olmos a la radio El Destape.
Massa encabezó la semana pasada un encuentro bajo la consigna “Patria es inclusión: discapacidad, políticas y derechos” junto a referentes del sector en el que adelantó la adopción de la medida y aprovechó para cuestionar a Javier Milei, entre otros tópicos, por haber utilizado la palabra “mogólico” como insulto”.
“Lo que se discute es inclusión o exclusión, si hay un Estado que abraza, que abriga, que protege o si hay un Estado que te abandona a la suerte del mercado”, sostuvo el candidato presidencial de Unión por la Patria en esa oportunidad. Advirtió, de paso, que si en muchos ámbitos “no llegó el Estado, mucho menos va a llegar el mercado” en otra alusión a la prédica habitual del libertario.
