Completado antes de que comenzara la última escalada del conflicto palestino-israelí, examina el uso de la fuerza por parte de Israel y las autoridades de facto en Gaza, así como las operaciones militares y policiales israelíes en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental y partes de Israel, en el período comprendido entre mayo de 2021 y agosto de 2023.
"Las atrocidades que hemos presenciado desde el 7 de octubre añaden una urgencia sin precedentes a nuestras conclusiones y recomendaciones", afirmó la presidenta de la Comisión, Navi Pillay.
Ante todo, la Comisión ha considerado que "impedir la entrada de alimentos y suministros médicos a Gaza constituye una violación del derecho internacional humanitario".
Además, al analizar los objetivos militares y los efectos incidentales de los ataques aéreos de Israel contra los territorios palestinos, concluyó que "dado que los daños y las bajas causados por las acciones de las fuerzas de seguridad israelíes no fueron proporcionales a la ventaja militar, dichas acciones constituyen un crimen de guerra".
Además, la Comisión afirmó que las fuerzas de seguridad israelíes no emplean ningún medio para evitar las bajas civiles entre la población palestina, lo que causa "efectos incidentales desproporcionados, como muertes y lesiones innecesarias".
Así sucedió, por ejemplo, durante el ataque israelí contra un edificio de apartamentos en Dawli, el 9 de mayo de 2023, que causó la muerte de Tariq Ezz alDin, comandante de las Brigadas Al-Quds, y también de sus dos hijos: un niño y una niña.
La "fuerza excesiva", "medios indiscriminados" y "la respuesta más letal, como la munición activa", también las utiliza la parte israelí a la hora de dispersar a los manifestantes palestinos en Israel y la Ribera Occidental [conocida también como Cisjordania], incluida Jerusalén Oriental, señala el informe.
Estos métodos causan "graves daños a las personas, incluidas la muerte o lesiones permanentes".
"Cuando se mata a manifestantes como consecuencia del uso de fuerza letal, aunque no supusieran una amenaza inminente para la vida o una amenaza susceptible de provocar lesiones graves, tales acciones violan los derechos a la vida y a la integridad física y mental. Pueden equivaler a homicidio arbitrario y, en el contexto de la ocupación, al crimen de guerra con homicidio intencional", reza el informe.
A pesar de que "Israel, como potencia ocupante, está obligada por el derecho internacional a proteger a la población bajo su ocupación", aplica cada vez más la represión de manifestaciones pacíficas, recalcó la Comisión al destacar que "la actual ocupación ilegal del territorio palestino" por parte de Israel "ha tenido un impacto aplastante en la vida de los niños palestinos, que sufren graves violaciones de sus derechos humanos, algunas de las cuales pueden constituir crímenes internacionales".
El año 2022 resultó ser el más mortífero para los niños palestinos en la Ribera Occidental en más de 15 años.
En este contexto, el informe de la ONU subraya que "las autoridades israelíes deben poner fin a la ocupación de forma inmediata, incondicional y total, y dejar de impedir que el pueblo palestino ejerza su derecho a la libre determinación".
