El proyecto llamado "Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos", el Gobierno incluyó un capítulo específico para las privatizaciones de empresas estatales y sociedades de propiedad total o mayoritaria en manos del Estado. Se trata de un total de 41 empresas y organismos del Estado, entre las que están: YPF, Aerolíneas Argentinas, Aysa, Banco Nación y varias unidades dependientes de la entidad; Correo Argentino, Enarsa, TV Pública, Télam y las varios medios de comunicación públicos.
El artículo 9 de la ley ómnibus señala: "Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a proceder a la enajenación de las participaciones accionarias o de capital del Estado Nacional y/o sus entidades en toda empresa privada, que no le otorguen la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de tales entidades".
En tanto, el artículo 37 dice que "a los fines de las privatizaciones (señaladas en el artículo 36), se constituirán sociedades anónimas, en las cuales el Poder Ejecutivo nacional podrá conservar una (1) acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad”.
En estos momentos, excluyendo las del sector financiero, el Estado tiene bajo su control 33 empresas.
