Actualmente en el país existen 1.557 registros de la propiedad automotor y según los últimos relevamientos, se realizan unas 180.000 transferencias o inscripciones por mes, entre automóviles, motocicletas y transporte pesado, incluyendo maquinaria agrícola.
El sector suma 2.809.049 trámites, un promedio de 150 por mes por cada oficina.
El sistema registral depende de la Dirección Nacional de Registro Automotor (DNRPA) y funciona en la órbita del Ministerio de Justicia.
Las críticas no sólo apuntan al sistema burocrático poco eficiente, costoso y complejo, sino también porque se lo sindica como una caja política, ya que una parte de las asignaciones están relacionadas con exfuncionarios, o familiares directos o indirectos.
Dentro de los ejes de su campaña electoral, La Libertad Avanza cuestionó el modo de nombramiento de sus titulares incluyéndolos dentro de los privilegios de la "casta política" y enfatizar que forman parte de un sistema que el nuevo gobierno desmantelaría como parte de su reorganización de los organismos públicos.
En varias oportunidades, Javier Milei dijo que cerraría los registros automotores y anularía el Impuesto de Sellos y los aranceles de patentamientos y transferencias de vehículos.
